domingo, enero 28, 2024

La seguridad para las élites: Refutando propuesta de privatizar a las Fuerzas Armadas

En estos días un texto y una video columna han abordado el tema de la seguridad, pública y exterior, desde diferentes ángulos.

Por un lado, está lo escrito por Hernán Garrido Lecca* contra la privatización de la seguridad y que compartí en un hilo en twitter (está publicado en su Linkedin y en la web Altavoz).


Casi en paralelo, el periodista Pedro Salinas proponía lo contrario. Se basaba en una conversación previa con la congresista Susel Paredes en la que dieron por hecho que las Fuerzas Armadas no se daban a basto para cuidar las fronteras del país. 

Creo que Salinas responde de forma ideologizada a un problema que es más grande que la fórmula neoliberal de decir "menos estado es mejor".

Diariamente vemos en los noticieros noticias de asesinatos por extorsión que afectan desde clases muy humildes - desde vendedores ambulantes - hasta emprendedores de clase media.

Planas cree que siguiendo la ruta que tomaron otros países, que replantearon o anularon sus ejércitos, se mejorará la seguridad ciudadana. 

Pone de ejemplo dos países sin fuerzas armadas propiamente dichas: Costa Rica y Panamá. Se olvida del espacio tiempo histórico en que se dieron. 

El primer país, Costa Rica vio debilitó a  su ejército cuando Panamá se independiza de Colombia, con apoyo de Estados Unidos interesados en construir el Canal del Coto, y realiza en 1921 la Guerra del Coto contra Costa Rica. Un par de décadas fue abolido el Ejército Costarricense. 

Panamá le sucedió similar. Luego de una intervención militar de Estados Unidos para capturar al mandatario de facto Juan Manuel Ortega, el país del istmo prescindió de sus fuerzas armadas.

Presupuestos

"Hay que evaluar si conviene mantener un Ejército que nos cuesta un reculo de plata", señala
Salinas.

La seguridad externa no se puede descuidar, a pesar de las creencias del periodista, quien cree que el libre comercio cuidará por la soberanía del país. 

No hay guerras en la región desde la década de 1990, pero nada impide que puedan volver a haberlas. El affair Venezuela Guyana es un ejemplo. Desarmarnos es ingenuo.

Para Pedro Salinas las actividades que deben ser subsidiados de Estado como Salud, Justicia y Educación, obviando la Seguridad por olvido o convicción. 

Al leer el texto de Garrido Lecca se percibe que ambos parten de umbrales ideológicos diferentes. 

El ex ministro de Salud y de Vivienda, se enfoca en el Contrato Social en el que el Estado da seguridad al ciudadano de a pie. 

Su análisis se centra en que los delincuentes prefieren abusar de los más desvalidos porque son víctimas fáciles y la probabilidad de impunidad es mayor.

Descuidarnos de la seguridad externa para ir hacia una privatización progresiva de la seguridad, como se puede colegir de la video columna de Salinas, no parece tener asidero en la realidad.

Los lamentables hechos, después del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, entre diciembre de 2022 y el verano de 2023, hicieron necesaria la participación de las fuerzas militares junto con las policiales.

Es más, costó la vida de soldados en el río Ilave por los manifestantes que acosaron a piedrones a los militares, imposibilitados de usar sus armas de reglamento.

Reducir la seguridad exterior al mínimo es absurdo. Se pueden hacer mejoras, pero no cegarnos con una ideología, cualquiera sea esta. Hay que rendirnos ante la supremacía de los hechos. Aplicar el espacio tiempo histórico. 

Quien cuida del mar recuperado en La Haya, por ejemplo, es la Marina de Guerra del Perú. Ninguna empresa tercercizada lo va a hacer mejor. 

Pedro Salinas plantea nacionalizar o vender todo material militar, lo que puede sonar bien pero no es realista.

Él pone el ejemplo del malecón de Iquitos. Cuenta que en él hay varios inmuebles de la Marina de Guerra, el Ejèrcito, la Policìa Nacional, que son hermosos y servirían mejor para hoteles de lujo.

Una anécdota que tal vez no conozca el periodista. Si recorre con atención ese malecón, encontrará una placa que dice que allí se estableció la primera ladrillera de la Amazonía peruana. 

El dato no es menor. A raíz de esa ladrillera, emprendimiento de la Marina de Guerra, Iquitos creció de una pequeña caleta a la gran metrópolis de la selva nacional y consolidó nuestra presencia en ese amplio sector de nuestro territorio.

Privatizar a locas y tontas como en el fujimorato no es la mejor opción. Las Fuerzas Armadas militares y policiales llegan muchas veces donde nadie más del Estado lo ha hecho, y para llevar bienestar. He sido testigo de ello.


La seguridad no puede ser solo para una élite que puede vivir en condominios, casas de playa o zonas exclusivas. 

Como dice Garrido Lecca, es más fácil extorsionar a unas pequeñas mypes en una cuadra que secuestrar a un socio del Club Nacional. 

*Disclaimer Compañero mío en el Partido Aprista Peruano

domingo, septiembre 24, 2023

El mito del terrorista bueno o la importancia del musical Annie en la vida de Lori Berenson


"La casa de La Molina estaba alquilada a nombre de Lori Berenson, una neoyorquina de 26 años con un don para las artes, Ya de pequeña había interpretado el papel principal en la obra Annie"

Ha salido hace poco 'Con las masas y las armas. Auge y caída del MRTA' (IEP) de Miguel La Serna, un texto que, a mi juicio, es condescendiente con ese grupo terrorista.

Dudé en escribir este texto, pensando en que más iba a ser la publicidad a una obra que considero fallida y con una ideología que no comparto, pero ante tantas imprecisiones, sentí la necesidad de hacerlo.

Para ser una obra académica, La Serna ha tomado muchas licencias y conjeturas.

Por ejemplo, para mencionar una casi pueril equivocación, asegura que el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) se levantó en armas por la política económica neoliberal de Fernando Belaunde (presidente entre 1980-1985).

El gobierno de Belaunde, siendo de derecha, no fue neoliberal. No buscó en ningún momento reducir el Estado o dejar de controlar los precios.

Ese mote de neoliberal se usa en ciertos espacios para descalificar al adversario político. Es como decir facho o terruco. 

Si no explica el uso del adjetivo, más parece una justificación al alzamiento del MRTA.

Pero demos el beneficio de la duda, que el autor o su traductor - la obra fue escrita originalmente en inglés - tomó neoliberal como sinónimo de derecha sin esa intención.

No obstante, a lo largo de las páginas vemos que idealiza varios pasajes de la historia del MRTA y da por ciertos los testimonios de quienes militaron en este grupo terrorista.

El epígrafe que encabeza estas líneas es una muestra de ello.

Lori Berenson, la norteamericana que ayudó activamente en el plan fallido de tomar el Congreso de la República, es retratada recordando su gusto por el arte. 

No hay un defecto de Lori Berenson que mencione La Serna en su descripción.

Y así es con casi todos los emerretistas mencionados en su libro, unos idealistas que torturaban, extorsionaban, mataban, mientras buscaban un mundo mejor. 

¿Y las cárceles del pueblo dónde están?

No se le pide al investigador que describa a los subversivos deshumanizándolos, pero algo de equilibrio
debe haber.

Ese equilibrio se ve resquebrajado desde que La Serna omite hablar de los secuestros a los que se dedicaba el MRTA.

Hay material al respecto. Por ejemplo en el libro Las Chekas de Lima de Víctor de la Torre, que cuenta el secuestro de su padre.

Muchos de esos raptos, que tenían como fin recaudar dinero, ponían en riesgo la vida de las víctimas. Se les confinaba a estar en situaciones humillantes y lesivas con sus derechos humanos.

Pero La Serna se queda con la explicación que dan los del MRTA: eran empresarios enemigos, de la revolución, no eran 'población civil'. 

De acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esta práctica empezó en 1984 con el banquero piurano José Onrubia Romero. 

"Durante su cautiverio, los empresarios permanecían ocultos en las llamadas "cárceles del pueblo"- espacios de reducidas dimensiones e insalubres- siendo vigilados constantemente", se lee en ese documento.

 La pelea por la imagen

La Serna hace énfasis que el MRTA se preocupaba por diferenciarse de Sendero Luminoso. Se sentían, como su nombre lo hace notar, herederos de Tupac Amaru. 

Para ello, mostraban un rostro más afable hacia la prensa, obsesionándose en detalles como el robo de la primera bandera del Perú. 

Pero La Serna casi no menciona las víctimas que tiene en su haber el MRTA desde muy temprano en su actuar. 

Según La Serna, un hecho que hizo tambalear la imagen, según él positiva, del MRTA fue el asesinato del general Enrique López Albújar, hijo del escritor del mismo nombre.

Sobre el militar, La Serna escribe "La contrainsurgencia (contra el MRTA) fue en gran parte obra de Enrique López Albújar, ministro de Defensa, cuyo padre había sido un famoso escritor indigenista, autor de famosos relatos y poemas sobre la vida andina que inspiraban empatía y compasión. Enrique hijo tenía una vocación muy diferente. (...) Tenía el rostro severo de un hombre que daba órdenes y esperaba que se cumplieran".

Si de Lori Berenson nos enteramos que actuó de niña en el musical Annie, La Serna nos priva de saber de qué actuó López Albújar en el nido. Más importante para él es señalar el semblante severo del general.

También esa comparación entre padre e hijo es gratuita. El escritor también ejerció de juez - es más, muchos de sus obras se inspiran en casos legales que observó desde esa posición -, por lo que sería más justo hablar de qué seño tenía éste al dictar sentencia que en hablar de la empatía que generaban sus cuentos.

Es válido preguntar a qué viene esa comparación. Pareciere una forma de deshumanizar al militar que supo combatir al MRTA y ponerle paños fríos a su asesinato.

Este acto terrorista fue realizado en enero de 1990 cuando ya López Albújar era un militar en


retiro y la población conocía de sobra los atentados, secuestros y extorsiones que cometían los emerretistas. 

Para contrarrestar la mala prensa que le provocó al MRTA este hecho sangriento, en el relato de La Serna, es que se produjo la fuga por el túnel unos meses después.

El investigador se contradice, pues también señala que este proyecto había empezado en 1987. 

Es más, hace un minucioso recuento de cómo se las ingeniaron los terroristas para construir el túnel.

 Pero en el último penúltima línea del capítulo dedicado a él desliza la idea de que pudo haber habido permisibilidad de parte del gobierno saliente del Apra.

Es una especulación forzada que no sustenta, a la que añade algún adjetivo descalificador hacia ese gobierno democrático. Digamos que esas líneas las escribió su antipatía hacia el partido de la estrella. 

Asimismo, una romantización antojadiza es cuando achaca a la santa popular Sarita Colonia el éxito de la fuga. Ello linda con la propaganda. Una licencia literaria que, supongo inconscientemente, muestra una simpatía hacia los terroristas.

Homófobos, pero no tanto

Un tema que le interesa a La Serna es el de la lucha por la igualdad de género dentro del MRTA. 

Critica cómo los miembros varones de este grupo terrorista querían aprovecharse de sus cómplices mujeres.

Pero lo que más destaca el autor es cómo las mujeres buscaban la igualdad frente a sus secuaces: pidiendo participar en más atentados o en los frentes guerrilleros y en el uso de más armas.

También habla de su desconexión respecto a los pueblos amazónicos originarios y su poco respeto con sus tradiciones. Es un aporte válido ya transitado por otros investigadores.

No obstante, es algo vago su relato sobre los crímenes de odio contra la comunidad LGTB que cometió el MRTA.

Se la achaca a jefes locales como Sístero García Torres, quienes no cumplían las directivas de los altos mandos como Víctor Polay, Peter Cárdenas o Néstor Cerpa, y que ejercían con prepotencia su poder en la selva.

El caso más emblemático es el del Bar Las Gardenias de la ciudad de Tarapoto.

La lógica detrás era eliminar a personas que la sociedad marginaba como los homosexuales para así ganarse a la población. No parece contradecir a la obsesión del MRTA por los golpes de efecto para conseguir adeptos y granjearse simpatías.

Pero La Serna, buscando dar contexto al asesinato de homosexuales por parte de las huestes del MRTA, habla de la "hipermasculinidad producto de la Guerra Fría".  

"Sin duda, la izquierda no estaba sola, ya que los crímenes de los grupos de derecha y de las fuerzas de seguridad del Estado contra la comunidad LGTBQ fueron también atroces y a menudo más sistemático en este periodo", aduce.

Recuerda esa garrafal metida de pata de Jorge Trelles, vocero fujimorista, cuando dijo "nosotros matamos menos", pero con más palabras rimbombantes. 

Lo concreto, para el Perú, es que durante la época del terrorismo, tanto Sendero Luminoso como el MRTA mataron a miembros de esa comunidad LGTBQ por su identidad sexual. 

Deslizar la idea que las Fuerzas Armadas o la Policía haya tenido un comportamiento similar es gratuito. No menciona fuente, al menos. Ni el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación consigna nada en el sentido que le da La Serna.  

El repechaje

"A ninguno de los grandes enemigos del MRTA le fue bien después de la guerra" escribe La Serna en el último capítulo.

En sus últimas páginas hace un recuento caprichoso sobre el destino los gobernantes que combatieron a estos terroristas.

Es otra vez una justificación que quiere equiparar el actuar del Estado defendiendo a la sociedad con las acciones de un grupo alzado en armas.

Lo peor es usar el suicidio de Alan García para volver La Serna a regodearse en su antiaprismo. Hay límites hasta para la rivalidad política. 

Entre esos "grandes enemigos" se olvidó mencionar a López Albújar, quien de acuerdo al libro de La Serna fue responsable de que el MRTA no creciera como lo llegó a hacer Sendero Luminoso.

El general, asesinado cobardemente por los emerretistas, es recordado como un mártir de la democracia. Mientras, los subversivos que le dieron muerte, nunca alcanzaron su objetivo de tomar el poder.

No importa cómo cuenten la historia. El MRTA fracasó. 

Colofón

Las líneas que acabo de escribir van a tener una respuesta fácil: es terruqueo.

No, no lo es. No estoy llamando terrorista o terruco a nadie que no lo sea.

Mi intención es rebatir un relato que, considero, distorsiona la historia y es complaciente con los subversivos. 

miércoles, agosto 30, 2023

La impunidad de los cobardes


Entierro de víctimas de Sendero en comunidad de Soras

Hace algo más de 20 años se formó la Comisión de la Verdad (CVR), a la que después se le añadió el apellido de "y Reconciliación".

La idea era, como entendió un grueso de la población, dar luces sobre los años del terrorismo, en las que Sendero Luminoso y el MRTA cometieron atroces violaciones de los derechos humanos y buscaron amedrentar a la ciudadanía que no compartía su forma de pensar.

Su Informe Final - del cual hay una versión abreviada y otra extendida - debía ayudarnos a reconciliarnos entre peruanos. Al menos esa era la propaganda que tenía.

Se acaban de celebrar 20 años de la entrega pública de ese documento, y lo que se constata es que no se lograron sus premisas.

Un miserable que trabajó para la CVR se ha permitido sugerir que una dolorosa muerte para el Partido Aprista, la del c. Rodrigo Franco, fue perpetrada por sus propios compañeros. 

Él sabe, como todos los que conocen el caso, que fue Sendero Luminoso, pero más réditos da repetir infamias. 

Que revise el informe en el que dice que trabajó - o al menos cobró por decir que trabajaba en él - y se dará cuenta cómo la Policía señaló y capturó a los aparentes culpables - todos relacionados con Sendero Luminoso - pero que fueron condenados por otros motivos, menos el del asesinato del joven dirigente aprista. Un crimen impune.

Pero no es la única persona que ha tomado la ocasión como oportunidad para descalificar al adversario, al que no toma a la CVR como Santa Palabra. Un funcionario estatal ha inventado la versión de que a los apristas nos mataron entre 1985 y 1990 como venganza por el develamiento del motín de los penales de 1986. 

Siendo historiador, olvida los incontables martirologios que sufrió el Partido del Pueblo en manos de los cobardes terroristas. Viene a mi mente los casos de los alcaldes de Tingo María y Aucayacu, producidas en 1984.

El fraseo que usa también se presta para la confusión. Algunos lo han interpretado como una justificación del sistemático aniquilamiento que padecieron los militantes y líderes del Partido Aprista. Yo en ese punto quiero darle el beneficio de la duda. No supo expresarse, espero.

Ataques y descalificaciones hacia quienes tienen reparos con la CVR hubo en estos días muchos más. Y la reconciliación no asomó para nada.

Yo quiero hacer el ejercicio inverso al de ellos, cerrados en su dogmatismo. Hay un texto de Rafael Salgado publicado en la semana al que quiero contestar.

Para quienes no lo conocen, él es hijo de un emerretista muerto en extrañas circunstancias en 1993. No lo digo para estigmatizarlo, él ya lo ha contado en varias ocasiones y tiene un libro testimonial al respecto.

Él habla sobre el terruqueo como una mancha que le ha perjudicado su vida. Solo puedo decir que el pecado de los padres no hace pecadores a los hijos y su descendencia. 

Sobre cómo relaciona los años del terrorismo con la fragilidad del actual gobierno y lo que él llama régimen neoliberal no me voy a pronunciar, pues creo que no ha hilado con claridad sus ideas.

Pero lo que sí quiero tomar de su texto es la idea de impunidad. Él se refiere al caso de su padre, pero el concepto va más allá.

En el documental 1214 No tememos a los cobardes, que dirigí con Hernán Hurtado y produjo Hernán Garrido Lecca, una constante de los entrevistados, deudos de apristas asesinados por Sendero, es que no se condenó a los actores materiales.

Eso se repite en la segunda parte que estoy dirigiendo en solitario y con la producción de Garrido Lecca. Más de 30 años y no saben quiénes fueron los que apretaron el gatillo. Sí, impunidad.

Un abogado dedicado a litigar este tipo de temas twitteo que gracias a la CVR se había condenado a los culpables de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. 

Le respondo que igual empeño hubieran puesto en las matanzas de Soras, Lucanamarca o Las Gardenias, ejecutadas por Sendero Luminoso y MRTA. 

Salió por la tangente, que Abimael y su cúpula estaban condenados por Lucanamarca. 

No, así no. ¿Quiénes dispararon, degollaron, se ensañaron con esos crímenes? Eso queremos saber.

Sobre Barrios Altos y La Cantuta no se limitaron a Fujimori y Montesinos, se procesó a toda la cadena de mando, o lo que se pudo saber de ella.

¿En todos estos años no han podido dar con los asesinos de Marcial Capelletti, padre de mi amigo Andrés? Los asesinos lo ajusticiaron a plena luz del día, en una clase en la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga, y salieron caminando. 


Todos los casos que he entrevistado me han dicho, palabras más, palabras menos, que no saben quién lo hizo o mandó a hacer. Solo hay una excepción que tiene la certeza del actor intelectual. El resto, sus casos están archivados o no tienen pista alguna.

Y así hay varios casos más. No solo de victimas apristas, sino de diferentes tiendas políticas.

Contra esa impunidad debemos luchar. Que tengan un poco de paz los familiares que les sobrevivieron y que sepan que la justicia de su país los escuchó.

Salgado dice que sin conocer historias como la suya no se comprenderá lo que sucedió en aquellos años. Con ese afán, leí su libro.

Lo invito a que también conozca esas otras historias que han ido cubriéndose en un manto de olvido para la ciudadanía y también para la academia. Ese lado casi no mencionado, la de los familiares de víctimas del terrorismo. 

Repito, él no es el culpable de lo que haya hecho su padre. Pero si no ve el otro lado de la moneda, no entenderá, usando palabras suyas, "toda la complejidad de lo ocurrido".

lunes, agosto 21, 2023

Reflexiones desde un taxi: Un ejemplo de la economía normal del Perú

Escena del documental Metal y melancolía de Heddy Honigmann. En la película se retrata el mundo de los taxistas limeños a inicios de la década de 1990.

Carlos es un amigo que es entrenador de fútbol, pero que por necesidad hace taxi. Por la confianza y la puntualidad que tiene, suelo contratarlo cuando tengo que movilizarme a varios puntos.

Pero este sábado llegó media hora tarde a recogerme. Se disculpó contándome que la aplicación de taxi con la que suele trabajar había dejado de funcionar. Había ido a ver si le pagaban unas carreras que esa empresa había cobrado por él.

“Dos horas preguntando y no conseguí ni un sol”, me relató.

Mi pata me contaba las cifras que se manejaban. “Por una carrera larga, la empresa cobraba 31 soles, de los que me daban a mí 16”, decía.

La relación entre taxistas y estas empresas no es algo que suela aparecer en la agenda política habitual, pero afecta a miles de peruanos.

Uso y abuso

Al escucharlo, me parecía una clara representación de lo que se habla en predios apristas sobre la economía formal y la economía normal.

Hernán Garrido Lecca, quien ha reflexionado más sobre el asunto, en varias charlas ha hecho notar el gran porcentaje de peruanos que trabajan en esa economía que no está dentro de la llamada formalidad.

“Es la economía normal”, afirma basado en que ese porcentaje – entre 70 y 80 por ciento – de la Población Económicamente Activa (PEA) se mantiene casi igual durante varias décadas.

Carlos es un ejemplo de ello. Èl para la olla de su casa con un trabajo no regulado. ¿Cómo el Estado protege a este segmento de la población?

Si algo enseña la teoría del espacio tiempo histórico de Haya de la Torre es a adaptarnos a las circunstancias del momento.

Antes, el negocio era alquilar vehículos para hacer taxi. Ahora, con el uso masivo de Smartphone, el nuevo giro es hacer intermediario entre los choferes y los pasajeros.

La tecnología hace que si necesitas un taxi, no tengas más que usar una de las múltiples aplicaciones disponibles para conseguirlo. 

Los taxistas no tienen que estar dando vueltas buscando pasajeros, los pasajeros no tienen que estar esperando que pase un taxi en el lugar donde está. Y por ese servicio, una empresa arraigada en algún lugar del mundo cobra un porcentaje.

Pero, ¿quién vela por el lado más débil de esta cadena?

Mi amigo Carlos no sabe si podrá cobrar lo que ya ha trabajado. La aplicación de la empresa con la que trabajaba fue bloqueada en el Perú por ofrecer viajes en moto, algo prohibido en el país.

En este momento la agenda política actual son dimes y diretes anecdóticos y olvidables, el abuso que sufren muchos taxistas como mi amigo sigue invisible para quienes toman decisiones.

Mientras, él sigue conduciendo su vehículo por esta caótica ciudad viendo cómo recuperar lo que parece ya perdió.