La semana pasada tuvo, según se informó, una enésima reunión
con el equipo fiscal que ve el caso. El resultado: aparentemente, nada.
No lo aceptaban ni como colaborador eficaz o cualquiera de
las figuras legales que manejan. Y así, ya estaba años.
Este deceso, que algunos se apuran a decir que es suicidio a
pesar de que lo que se sabe es que Castro murió de un corte en el cuello de 14 centímetros hecho con
un cuchillo para el pan, crea una oscura sospecha sobre cómo la violencia puede
inmiscuirse en la política peruana, sino se ha colado ya.
Se han mencionado, como antecedentes a esta rara muerte, los
casos de una trabajadora del Congreso y el de un proveedor del Estado.
Pero el de Castro, apodado Budian por los corruptos de
Odebrecht, es particular por el clima de violencia que se está viviendo en el
país.
José Miguel Castro Gutiérrez, ex gerente municipal de Lima, fue hallado ayer muerto en su vivienda. ¿Quién es y cuál era su importancia en el juicio a Susana Villarán? https://t.co/2tS4ibDc2w pic.twitter.com/czjUl1C6DC
— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 30, 2025
Lastimosamente se ha normalizado el asesinato de choferes de
buses por extorsionadores, y ya no le dan tanto espacio en las noticias.
Para empeorar, en la coyuntura regional tenemos ejemplos de
homicidios o intentos de ello a políticos en carrera electoral.
El candidato a presidente electoral ecuatoriano Fernando
Villavicencio murió a tiros el 9 de agosto de 2023. Más cerca en el tiempo, Miguel
Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia, se debate entre la vida y
la muerte desde hace unas semanas por una bala en la cabeza.
De comprobarse que lo sucedido con Castro ha sido un asesinato,
cuando estamos ya formalmente en campaña electoral, sería echar sal a la herida
de la ineficiencia gubernamental respecto a la seguridad ciudadana.
Lo concreto, lo palpable, es que un caso como el de Susana
Villarán se ha dilatado un lapso de tiempo exagerado.
Se dieron todas las ventajas posibles a las empresas
involucradas para retirarse del país o seguir en él bajo otros nombres.
La Fiscalía no tomó las previsiones para un caso de éste
perfil. No se aseguraron de ponerle en algún régimen de colaboración, como sí
lo han hecho en otros casos.
El criterio que ha seguido el Ministerio Público, al menos
el que percibimos muchos ciudadanos, es que ha manejado de forma politizada los
beneficios penitenciarios.
El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay continúa en "estado crítico" y ha tenido poca respuesta tras las cirugías a las que fue sometido el sábado por las heridas que sufrió ese día en un atentado. https://t.co/mdIDVWRw4k pic.twitter.com/O0C1YxT5kB
— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 9, 2025
Estamos ya calentando motores para elegir a las principales
autoridades políticas del país y no se aprecia un plan para reducir la
violencia ni para que los órganos del sistema de justicia actúen fuera del
sesgo de grupo.
En las décadas de 1980 y 1990 muchos fueron los alcaldes,
regidores y demás autoridades de representación popular que sufrieron atentados
y asesinatos por parte de los cobardes terroristas de Sendero Luminoso y MRTA.
No queremos que otra vez, el plomo intente imponerse a los
votos.
