viernes, agosto 21, 2026

El derecho a debatir la memoria: Apuntes a una columna de Ronald Gamarra


En el reciente número de Hildebrandt en sus trece, el abogado Ronald Gamarra publica una columna sobre el Lugar de la Memoria. En ella escibe "Hay algo que los trogloditas nunca entienden: que la memoria no se administra, se venera; no se decreta, se hereda".

Te felicito, Ronald, por tu feroz autocrítica, pero yo no te calificaría de “troglodita”. Es cierto: la memoria no se decreta. Precisamente por eso, ni la propuesta museográfica del LUM ni el Informe Final de la Comisión de la Verdad son dogmas de fe que debamos aceptar a pie juntillas.

El propio presidente de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, Salomón Lerner Febres, señalaba que su trabajo podía ser puesto en debate. “Nuestro informe se ofreció al país como punto de partida, y perfeccionarlo será siempre legítimo; pero perfeccionar no es amputar ni desfigurar”, señaló textualmente en un artículo reciente.

Estamos de acuerdo. Ni el Estado ni ningún grupo en particular tienen el monopolio de la memoria.

Lo que chirría es ese “se hereda”. ¿Quién la hereda y, sobre todo, quién decide qué se hereda? Pero no solo eso. ¿“Se venera”? Si con “memoria” te refieres al respeto debido a las víctimas, estamos de acuerdo. Pero si te refieres a una determinada narrativa histórica, la cosa cambia. ¿De qué memoria estamos hablando, Ronald?

La memoria familiar puede transmitirse de generación en generación. Pero la memoria histórica también se investiga, se construye y se discute.

Podemos coincidir en que una víctima tiene autoridad moral sobre su propia experiencia, que nadie debería negar. Otra cosa es convertir esa experiencia en una interpretación general de la época del terrorismo que quede fuera del debate.

Dices que la memoria no se administra. Sin embargo, buena parte de tu columna está dedicada a discutir quién debe administrar la institución que conserva y transmite ciertas memorias. Son asuntos distintos, desde luego, aunque inevitablemente relacionados.

A mi juicio, es un debate secundario discutir si corresponde al Ministerio de Justicia o al Ministerio de Cultura encargarse del sitio. ¿Pero descalificar gratuitamente a quien piensa diferente? Como que te has pasado un par de pueblos.

Lo que más me perturba de tu columna son las sombras de intolerancia, seguramente involuntarias, que asoman entre líneas. Cuando una determinada memoria se presenta como algo que debe venerarse y se descalifica como ‘troglodita’ a quien la cuestiona, el debate empieza a enrarecerse peligrosamente.

Es pertinente recordar las palabras de Alan García al colocar la primera piedra del LUM: ‘Este lugar será una escuela de pensamiento para que todos los peruanos puedan reflexionar y desterrar la intolerancia que conduce siempre a la violencia y a la muerte’.

Harías bien, Ronald, en hacerle caso al presidente García: el LUM debía ser una escuela de pensamiento para desterrar la intolerancia. Eso incluye algo elemental: nadie tiene el monopolio de la memoria ni el derecho a establecer de antemano los límites del debate sobre nuestro pasado.

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